Riohacha, La Guajira. – En una entrevista exclusiva con este medio de comunicación, la docente *Indira González Iguarán* denunció públicamente las difíciles condiciones que la llevaron a presentar su renuncia irrevocable como educadora en la *Institución Etnoeducativa Nº10 Cucurumana,* adscrita a la *Unión Temporal Ashajipule,* por la falta de pago de sus honorarios desde el inicio de sus labores el pasado 2 de febrero.
“Yo entré con ilusión a aportar desde mi experiencia y vocación al proceso educativo en esta institución, pero el no recibir mi salario por los días de marzo, ni los meses de abril y mayo, me dejó en una situación insostenible. Como madre de dos hijos y estudiante de maestría, esta realidad me afecta profundamente”, expresó con visible preocupación la licenciada en Etnoeducación.
Ante la falta de respuesta por parte del rector *Jhon Jairo Bonivento,* la docente decidió acudir al abogado Johan Enrique Peralta Gómez, quien ahora asume su representación legal y confirma que se está configurando una clara vulneración a derechos fundamentales como el mínimo vital, la estabilidad laboral y la seguridad social.
“El incumplimiento de obligaciones por parte de la *Unión Temporal Ashajipule* no solo afecta el bolsillo de la docente, también su salud física, emocional y su dignidad como trabajadora. Estamos hablando de una profesional con experiencia, que viene desempeñando su labor con compromiso. Si el rector no soluciona la situación en el menor tiempo posible, procederemos con las respectivas diligencias jurídicas ante el Ministerio del Trabajo, y haremos las compulsas de copia necesarias para que este caso no quede en el silencio”, afirmó el abogado Peralta.
En su defensa, el jurista también reveló que no se trata de un caso aislado. “Tenemos conocimiento de otros docentes a quienes no se les cancela desde octubre de 2024. Esto es grave y muestra un patrón de irregularidad por parte del operador *Ashajipule.* No se está cumpliendo ni con las condiciones contractuales ni con los principios básicos del derecho laboral en Colombia”, agregó.
La docente, por su parte, también cuestionó la falta de afiliación a seguridad social durante sus meses de trabajo, lo que agrava la situación legal de la entidad contratante. “Me duele que mientras uno pone el alma por educar, las instituciones le cierran la puerta cuando uno más necesita apoyo. Aún así, agradezco a mis estudiantes y me voy con la frente en alto”, dijo.
El llamado ahora es claro: tanto la comunidad educativa como las autoridades laborales deben prestar atención a esta denuncia, que refleja una problemática que se ha vuelto común en muchos territorios del país donde los educadores, pilares de la transformación social, terminan siendo los más desprotegidos.
En La Guajira —y especialmente en zonas donde operan Asociaciones, Fundaciones o Uniones Temporales contratadas para prestar el servicio educativo— hay muchos casos similares al de Indira González. Lo triste es que la mayoría calla, aguantando sin certezas, esperando la “santa voluntad” de sus jefes para que les paguen lo que por ley les corresponde. Pero siempre habrá una voz valiente que se atreve a hablar, a reclamar lo justo y a defender su dignidad. Esta vez, esa voz fue la de una docente que decidió no callar más
