*El PAE en La Guajira: una deuda moral con la niñez*Por: Johan Enrique Peralta Gómez / AbogadoEn La Guajira, la infancia no solo lucha contra el hambre, sino también contra la indiferencia. Esa indiferencia institucional que, año tras año, parece normalizar lo inaceptable: una alimentación escolar de mala calidad, servida con desprecio y desinterés, como si los niños y niñas de este territorio no merecieran lo básico, lo digno, lo humano.El Programa de Alimentación Escolar (PAE), que debería ser una herramienta poderosa para garantizar derechos y cerrar brechas, hoy representa, en muchas escuelas de Riohacha y del resto del departamento, una violación flagrante a la dignidad de nuestros estudiantes. ¿Cómo podemos hablar de educación de calidad si ni siquiera se garantiza un plato de comida digno?Nuestra Constitución Política, desde 1991, reconoce el derecho fundamental a la alimentación adecuada. No es un favor, no es una dádiva: es una obligación. Una carga ineludible del Estado colombiano. Sin embargo, en La Guajira este derecho se ve vulnerado todos los días cuando a los niños se les entregan alimentos en mal estado, fríos, incompletos o, simplemente, inexistentes.La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución del 24 de noviembre de 2015, reafirmó que el acceso a una alimentación adecuada es parte del derecho a la vida misma. ¿Qué estamos haciendo como sociedad si permitimos que nuestros niños coman mal, o no coman, bajo la tutela de un programa que se supone fue creado para protegerlos?Como abogado, como ciudadano, y como guajiro, siento una profunda preocupación. El daño que se le está causando a los menores de edad puede ser irreversible. El hambre no solo deja huellas físicas: erosiona el alma, apaga la alegría, atrofia la capacidad de aprender y soñar.Y en este contexto, es urgente que las autoridades actúen. Que el Ministerio de Educación, las alcaldías, la Gobernación y los organismos de control no miren hacia otro lado. No se trata solo de denunciar. Se trata de intervenir, de vigilar, de castigar a quienes incumplen, y de garantizar que el PAE cumpla con lo que promete.El acceso a recursos, la inversión pública en zonas rurales y urbanas y la transparencia en la contratación deben ser pilares para revertir esta crisis silenciosa. No podemos seguir permitiendo que los niños wayuu, los hijos de las familias más humildes de los estratos 1 y 2, sean revictimizados por un sistema que los ignora.Supervisar y monitorear constantemente la calidad de los alimentos es una responsabilidad ética y legal. Pero más allá de la ley, esto es una cuestión de humanidad. Porque cuando un niño come mal, toda la sociedad fracasa.Hoy levanto mi voz no solo como profesional del derecho, sino como ser humano. No hay desarrollo posible donde la niñez se alimenta con migajas. La dignidad no se negocia. Y alimentar con dignidad a nuestros niños no es un lujo, es un deber inaplazable.
